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Malvinas, una visión alternativa y la mentira de la autodeterminación

Diecisiete periodistas, académicos y políticos dieron a conocer el 23 de febrero de este año un documento titulado “Malvinas: una visión alternativa” que recibió duras críticas desde el kirchnerismo, pero también de algunos partidos opositores:

A tres décadas de la trágica aventura militar de 1982 carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina. Entre los motivos de aquel respaldo no fue menor la adhesión a la causa-Malvinas, que proclama que las islas son un “territorio irredento”, hace de su “recuperación” una cuestión de identidad y la coloca al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país.

Un análisis mínimamente objetivo demuestra la brecha que existe entre la enormidad de estos actos y la importancia real de la cuestión-Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Sin embargo, un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de “política de Estado”. Creemos que es hora de examinar a fondo esa política a partir de una convicción: la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país.

Una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial– con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor a los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio “Las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños.

La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino– abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.

Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional, no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.

Necesitamos abandonar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni por la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá que el 2 de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones parioteras sino que sirvan para que los argentinos –gobernantes, dirigentes y ciudadanos– reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.

* Firman Emilio de Ipola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli.


La mentira de la autodeterminación


La debilidad de los argumentos británicos le quemaba los sesos a los diplomáticos y juristas de ese país, hasta que en la década de 1930 se produjo un punto de inflexión luego de que Gaston de Berhardt presentase un memorándum sobre la cuestión a pedido del Foreign Office. Los argumentos británicos quedaban tan debilitados que a partir de allí se produjo un cambio fundamental en la posición inglesa: se abandonaban los criterios previos a 1833 y se ponía énfasis en un nuevo concepto: la autodeterminación de los isleños implantados por Gran Bretaña luego de expulsar a la población argentina. El razonamiento era que no importaba quién fuese el dueño en 1833, los años transcurridos allí le concedían legitimidad a la ocupación inglesa. El "son nuestras, por eso las tomamos" se había transformado en "las tomamos, por eso son nuestras", observan sagazmente los autores británicos Arthur Gavshon y Desmond Rice.
Huelga observar aquí que en Derecho Internacional el principio de Autodeterminación de los Pueblos no posee un carácter absoluto sino que su aplicación depende de cada caso en particular. Un diputado opositor le preguntó una vez a Margareth Thatcher si los deseos del pueblo de Hong Kong serían tan tenidos en cuenta como los del "pueblo malvinense". Ella respondió que había una diferencia fundamental y era que Hong Kong es un arriendo y Malvinas una propiedad absoluta. O sea, que el principio de Autodeterminación se subordina al de propiedad. La Resolución 2065 de la ONU, de 1965, fue en ese sentido un triunfo para la Argentina, al pedir que se descolonicen las islas respetando los intereses de los habitantes: en 1982, Gran Bretaña insistió en cuanto documento hubo para evitar la guerra en la expresión: "los deseos de los habitantes deberán ser respetados" La Argentina siempre se comprometió a respetar los intereses de los isleños, que son aquellas cosas relacionadas con las condiciones materiales de vida, la cultura, etc., en tanto que la palabra "deseos" traslada la cuestión de la soberanía al terreno de la Autodeterminación, y ellos "desean" ser británicos. (Pero recordemos que en 1981 se estaba tratando en el Parlamento un proyecto de ley que les retiraría la nacionalidad británica a la tercera parte de los kelpers). El hecho es que en una disputa entre argentinos y británicos estos últimos se arrogan la inadmisible condición de jueces y partes.
Conviene llamar la atención, por otra parte, sobre la escasa seriedad con que Gran Bretaña se escuda detrás de este principio. En primer lugar, la autodeterminación no es aplicable en el caso de los kelpers porque ellos no son un grupo nacional sojuzgado sino súbditos implantados por la potencia colonial. Segundo, veamos sólo un par de ejemplos del siglo XX que nos muestran cómo procedió Gran Bretaña en otros casos de acuerdo a este principio: en el caso de la isla Banaba los ingleses desalojaron a sus tres mil habitantes para permitir las actividades de la Comisión Británica de Fosfatos. Muchos años después, luego de un escandaloso proceso legal, el gobierno inglés acordó indemnizarlos con una cifra equivalente a tres libras por habitante y por año de exilio. Tenemos también el caso de la isla Diego García, que los británicos le arrendaron a EEUU para integrarla a su sistema de bases nucleares mundiales. Ahí también el avasallamiento a perpetuidad del derecho de autodeterminación de los isleños fue "compensado" con otra magra indemnización... (Arthur Gavshon y D. Rice, "Sinking on Belgrano", Londres, 1984).
¿Será que cuando los isleños son melanesios, australoides, papuasios, etc. Gran Bretaña está menos dispuesta a defender el derecho de autodeterminación que cuando se trata de anglosajones como los kelpers?



 Fuente: Página 12, El malvinense

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